Viernes 4 de Junio de 2010
La investigación administrativa realizada por el Tribunal de Cuentas develó las irregularidades en la contratación de la Fundación Salud en el Siprosa. El ente de control multó con cinco sueldos al titular de la cartera de Salud y a dos de sus funcionarios: Alberto Sabaj y Daniel Alvarez Garmendia.
Fechas cruzadas
El 12 de mayo de 2009 se iniciaron los cursos, previa firma del convenio específico para formación de recursos humanos entre Alberto Sabaj (ex secretario ejecutivo médico del Siprosa) y Héctor Silva Olivares (Funsal). Yedlin rubricó el convenio marco el 19 de agosto. "Es decir, con posterioridad, lo que constituye a todas luces una irregularidad manifiesta". InexistentePersonas Jurídicas aprobó el 2 de julio (dos meses después de firmado el convenio entre el Siprosa y Funsal) el acta constitutiva de la fundación. Rentas le dio de alta el 1 de agosto y la AFIP, el 12 de agosto. Funsal emitió sus primeras facturas al Estado: por $ 423.500 y $ 378.000. "Fueron emitidas por quien no revestía el carácter de acreedor legítimo".Los nombresEl chileno Héctor Silva Olivares preside Funsal, que integraron otros agentes del Siprosa: Luis Chincarini, Christian Cúneo, Pedro Sisali (ex titular del Círculo Odontológico) y Julio Paz. Ante el tribunal, dijeron que no sabían si Funsal dictó los cursos. Cúneo precisó que el acta se firmó en junio (un mes después de rubricado el convenio con Sabaj).
La sede inscriptaLA GACETA reveló que la sede inscripta por Funsal es un departamento cuyo número de teléfono figura a nombre de Raúl Penna. Este acompañó la gestión local en Salud de Juan Manzur. Incluso, ahora lo secunda en la cartera nacional. Silva Olivares explicó que pidió a Penna que inscribiera el teléfono porque un extranjero (es chileno) no podía hacerlo.Sin disertantesLas casi 150 personas que testificaron ante el tribunal coincidieron en señalar que, por la epidemia de Gripe A y los paros, muchos alumnos no pudieron terminar los ciclos. Además, explicaron que se desarrollaron bajo el sistema de autoaprendizaje: "sin disertantes y con tutores a cargo de grupos de alumnos", que a su vez eran asistentes a los cursos.El costoEl tribunal no efectuó una valoración sobre el precio que pretendía pagar el Siprosa por los cursos ($ 800.000). "Al no haberse efectuado pago alguno, no corresponde analizar ni expedirnos sobre la razonabilidad del precio de los cursos, no obstante el informe y los cuadros comparativos que, a tales efectos, presentó la Dirección de Recursos Humanos".Esquema alterado"Surge palmariamente la omisión del debido proceso de contratación, el que debe respetar ineludiblemente la secuencia: acreditación de la necesidad del servicio, compromiso presupuestario, recepción de propuestas, intervención de áreas técnicas y legales de adjudicación, prestación del servicio y, finalmente, el pago con el debido control".La explicaciónEl ministro Yedlin reconoció que hubo errores administrativos, pero se preocupó por aclarar que los cursos se dictaron, que estuvieron a cargo del chileno Silva Olivares y de la Fundación Salud y que nunca llegaron a pagarse los $ 800.000. Además, el 19 de mayo pasado, el ministro anuló la resolución por la que autorizaba el polémico pago.¿Por qué firmó?Que Yedlin desconozca la realización de los cursos, pero que igual haya autorizado el pago es el principal cuestionamiento del TC: "no autorizó los cursos, no conoció directamente la programación y el desarrollo pero, sin embargo, convalida el pago a un acreedor no legitimado, de allí la objetabilidad de la conducta administrativa".
ReconocimientoAnte el Tribunal de Cuentas, Yedlin afirmó que desconocía la elección de Funsal para el dictado de los cursos: "no se dictó acto administrativo por el cual se autorizada o contratara la realización de los cursos, ni autoricé personalmente su realización. El funcionario que los autorizó fue el director de Recursos Humanos de Salud, Daniel Alvarez Garmendia"
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